Afectados por el denominado “cártel inmobiliario de Xalapa” se manifestaron afuera de los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, donde celebraron la detención de dos presuntos implicados y exigieron que las investigaciones continúen.

Coatepec, Ver.- Un grupo de personas que se identifica como víctima de una presunta red de despojos inmobiliarios se manifestó afuera de los juzgados de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, para exigir que las investigaciones por el denominado “cártel inmobiliario de Xalapa” lleguen hasta las últimas consecuencias.

Antonio Selen, quien habló a nombre de los afectados, aseguró que cuentan con información sobre más de 150 personas que aparecerían de manera recurrente en distintos procedimientos relacionados con inmuebles.

Durante la protesta, los manifestantes celebraron la detención de dos personas presuntamente vinculadas con esta trama, aunque advirtieron que consideran estos hechos apenas como un primer avance.

De acuerdo con Selen, uno de los detenidos sería Isaac Contreras Gómez Gil y el otro Pedro Atilano, quienes, afirmó, aparecerían de manera recurrente en diversos asuntos analizados por los denunciantes.

El representante de los afectados sostuvo que, tras revisar numerosos expedientes y elaborar una matriz de coincidencias, identificaron nombres que se repiten entre abogados, notarios, actuarios, peritos y servidores públicos.

“Tenemos identificados más de 150 participantes en la trama de este cártel inmobiliario”, aseguró.

También afirmó que al menos seis jueces deberían ser investigados, además de solicitar auditorías independientes a notarías y revisiones a las actuaciones de peritos y actuarios.

Según la versión de los denunciantes, varios de estos casos habrían comenzado con pagarés, contratos, promesas de compraventa o documentos de arrendamiento presuntamente falsificados, para posteriormente derivar en litigios, intentos de despojo, desalojos o pérdida de inmuebles.

Los afectados señalaron además que han detectado casos en Xalapa, Coatepec, Veracruz, Altotonga, Alto Lucero, Actopan y Córdoba.

Selen indicó que los hechos abarcarían un periodo de entre seis y ocho años y sostuvo que la actividad relacionada con estos procedimientos habría aumentado en los últimos años.

Durante la manifestación, los participantes también solicitaron medidas de protección para las familias denunciantes, al considerar que están en riesgo tanto su patrimonio como su integridad.

Asimismo, agradecieron la atención que, dijeron, han recibido por parte del Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y otras autoridades, pero insistieron en que las primeras detenciones no deben marcar el cierre del caso.

“Pedimos que no se detengan aquí y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó Selen.

Los señalamientos corresponden a declaraciones de los manifestantes y deberán ser investigados y, en su caso, acreditados por las autoridades competentes.