Alrededor de 900 empleados laboran en la capital veracruzana; representantes sindicales y personal judicial advierten que el nuevo esquema podría afectar su estabilidad laboral y derechos adquiridos.

Xalapa, Ver., 6 de noviembre de 2026.— Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en Xalapa en rechazo al nuevo sistema de evaluación del desempeño, al considerar que podría convertirse en un mecanismo para justificar despidos y poner en riesgo las plazas de base.

La inconformidad surgió tras la publicación del acuerdo AG-POAJ-025/2026, emitido por el Órgano de Administración Judicial, que establece nuevos lineamientos para evaluar al personal de carrera judicial federal.

Jennifer Ordóñez Villalobos, delegada del Sindicato Nacional de Renovación, explicó que los trabajadores no se oponen a las evaluaciones, sino a las posibles consecuencias sobre su permanencia laboral.

Señaló que la principal preocupación es que las plazas de base, obtenidas conforme a los requisitos legales, puedan quedar condicionadas a los resultados de los exámenes y a criterios de desempeño que consideran subjetivos.

La representante sindical cuestionó que parte de la calificación dependa de valoraciones realizadas por superiores jerárquicos y compañeros de trabajo, pues considera que esto podría generar favoritismos y afectar injustamente a los empleados.

“Nos oponemos a que nuestras bases ahora dependan de un examen, porque son derechos adquiridos”, sostuvo.

Por su parte, Daniela de Alba, secretaria de juzgado federal, aseguró que el personal judicial ha sido evaluado desde su ingreso y que los exámenes deberían servir para ascender dentro de la carrera judicial, no para poner en riesgo los cargos que actualmente desempeñan.

“No nos importa que se nos evalúe, nacimos siendo evaluadas y evaluados”, expresó.

Advirtió que el nuevo esquema genera incertidumbre entre los trabajadores, particularmente por las consecuencias que podrían derivarse de los resultados de las evaluaciones posteriores.

De Alba también cuestionó que se puedan aplicar instrumentos de evaluación sin considerar las distintas especialidades del personal, como las materias penal, laboral, mercantil, familiar y de amparo.

Explicó que cada área requiere conocimientos específicos, por lo que una evaluación general podría colocar en desventaja a quienes desempeñan funciones especializadas.

De acuerdo con las entrevistadas, en Xalapa laboran aproximadamente 900 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, mientras que otras sedes de la región también concentran personal que podría verse alcanzado por las nuevas disposiciones.

Aunque el Órgano de Administración Judicial ha señalado que la primera evaluación, prevista para diciembre, tendrá carácter diagnóstico y no implicará despidos, los inconformes mantienen su preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de las evaluaciones posteriores.

Finalmente, Daniela de Alba informó que en otros circuitos judiciales del país ya se han declarado paros laborales, pero aclaró que en Xalapa todavía no existe un acuerdo para suspender actividades, pues cualquier decisión deberá contar con el respaldo de la base trabajadora.

Los manifestantes insistieron en que su exigencia no es eliminar las evaluaciones, sino garantizar que estas contribuyan a la profesionalización del personal sin vulnerar su estabilidad laboral.