
Acajete, Ver.- Habitantes de la localidad de El Rodeo, perteneciente al municipio de Acajete, solicitaron la intervención de autoridades estatales ante un conflicto relacionado con la propiedad de un predio que, de acuerdo con los propios pobladores, se encuentra actualmente sujeto a un procedimiento judicial.
Según testimonios proporcionados por vecinos de la comunidad, durante el lunes 1 de septiembre se presentó en el lugar Mario Tencle, acompañado de su abogado, quien habría afirmado contar con documentación que lo acredita como propietario del terreno.
Los habitantes sostienen que el litigio por el predio todavía no cuenta con una resolución definitiva por parte de un juez, por lo que manifestaron preocupación ante cualquier intento de modificar las condiciones actuales del lugar antes de que exista una determinación judicial.

De acuerdo con la versión de los pobladores, durante el encuentro también se les habría advertido que algunas viviendas podrían ser demolidas en caso de que sus ocupantes no entregaran determinadas cantidades de dinero. Hasta el momento, esta afirmación corresponde únicamente al señalamiento de los habitantes y no ha sido confirmada por alguna autoridad judicial.
La situación se tensó cuando maquinaria pesada ingresó a la zona y comenzó con el derribo de árboles. Los vecinos aseguran que no les fue mostrada alguna orden o autorización que respaldara esos trabajos, por lo que solicitaron que las autoridades ambientales determinen si la intervención cuenta con los permisos correspondientes y si existió alguna afectación al entorno.
Los pobladores señalaron además que Mario Tencle habría manifestado contar con respaldo del gobierno municipal de Acajete, encabezado por la presidenta María Claudia Nava Santos. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que confirme dicha versión, por lo que resulta necesario conocer la postura oficial del Ayuntamiento.
Posteriormente, habitantes reportaron la presencia de elementos de la Policía Municipal en la localidad. Los vecinos señalaron sentirse intimidados por el despliegue y expresaron temor de que el conflicto pueda escalar.
Ante esta situación, solicitaron acompañamiento e intervención de la gobernadora Rocío Nahle García; del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; de la secretaria de Medio Ambiente, Luz Mariela Zaleta Mendoza, y del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés.
La petición de la comunidad es que las autoridades garanticen la seguridad de las familias, revisen la legalidad de cualquier intervención en el predio y permitan que sea la autoridad judicial competente la que determine la situación jurídica de la propiedad.