Por Ángel Hernández

Xalapa Ver.- En medio de un sistema judicial saturado, expedientes digitales incompletos, audiencias extensas y miles de procesos penales rezagados, el debate sobre el uso de la inteligencia artificial dentro de los tribunales dejó de ser un tema futurista y comenzó a instalarse seriamente en el ámbito jurídico mexicano.

Bajo ese contexto, el especialista Rodolfo de la Guardia García presentó el libro “Inteligencia artificial y valoración de la prueba en materia penal”, una obra que analiza hasta dónde podría llegar la tecnología en la impartición de justicia y cuáles son los límites que deben existir para evitar riesgos, sesgos o vulneraciones al debido proceso.

El planteamiento central de la obra gira en torno a una pregunta que hace apenas unos años parecía impensable dentro del sistema penal acusatorio: ¿puede una inteligencia artificial ayudar a valorar pruebas dentro de un juicio?

Para el jurista, la respuesta es sí, pero bajo controles estrictos y sin desplazar jamás la función constitucional del juez.

Durante la entrevista, explicó que actualmente la inteligencia artificial ya participa indirectamente en procedimientos judiciales, particularmente mediante sistemas de transcripción automatizada durante audiencias orales, aunque advirtió que el verdadero reto está en evolucionar hacia herramientas tecnológicas capaces de organizar, sistematizar y confrontar información probatoria compleja.

Pruebas testimoniales, dictámenes periciales, documentos, contradicciones entre declaraciones o incluso la congruencia técnica de un peritaje podrían ser sometidos a procesos de análisis automatizado para detectar inconsistencias o fortalecer la construcción argumentativa de una resolución judicial.

Sin embargo, De la Guardia García insistió en que el problema no es únicamente tecnológico, sino ético y jurídico.

“La gran pregunta no es si la inteligencia artificial puede hacerlo, sino quién la programa, con qué información fue entrenada y bajo qué criterios opera”, sostuvo.

El especialista alertó que uno de los principales riesgos radica en los sesgos ocultos dentro de los algoritmos, especialmente en sistemas opacos donde las partes desconocen cómo fue construida la herramienta tecnológica que eventualmente podría influir en una decisión judicial.

Incluso, explicó que modificar una sola palabra dentro de un “prompt” puede alterar completamente el sentido de una respuesta generada por inteligencia artificial, situación que, trasladada al ámbito penal, podría representar consecuencias delicadas en casos donde está en juego la libertad de una persona.

A ello se suma otro problema de fondo: la pérdida de credibilidad social hacia la inteligencia artificial derivada de la proliferación de videos falsos, manipulación digital y desinformación masiva, fenómeno que, reconoció, genera resistencia cuando se plantea incorporar estas tecnologías a procesos relacionados con justicia.

El autor también cuestionó las deficiencias actuales del sistema judicial mexicano en materia digital, al señalar que muchos expedientes electrónicos continúan desactualizados o simplemente no funcionan correctamente, pese a años de promesas sobre modernización tecnológica.

Por ello, consideró indispensable que el Poder Judicial desarrolle eventualmente sus propias plataformas de inteligencia artificial, alimentadas con jurisprudencia, criterios judiciales y legislación mexicana actualizada, evitando depender de herramientas comerciales externas.

La obra también aborda ejercicios de derecho comparado y analiza experiencias internacionales donde ya existen sistemas tecnológicos utilizados para organizar expedientes, agilizar procedimientos y analizar grandes volúmenes de información judicial.

Para De la Guardia García, el debate ya comenzó y el sistema penal mexicano tendrá que enfrentarlo tarde o temprano.

El libro lleva por título “Inteligencia artificial y valoración de la prueba en materia penal”.