XALAPA, VER. – Por segunda ocasión en menos de un mes, un grupo de pescadores libres originarios de la localidad de Tonalá se manifestó en la Plaza Lerdo de la capital del estado. Los trabajadores del mar denunciaron que, tras semanas de gestiones ante las autoridades correspondientes, solo han recibido evasivas mientras la crisis económica en sus comunidades se agrava.

Los manifestantes señalaron que la falta de atención por parte del Gobierno del Estado los mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema. Según sus testimonios, el sector pesquero de la zona sur enfrenta una parálisis comercial debido a reportes de contaminación en el producto, lo que ha provocado que el precio del pescado se desplome hasta niveles de un peso por kilo, haciendo imposible el sustento de sus familias.

Sobreviven entre la precariedad y el olvido

Martín Gómez Martínez, uno de los pescadores afectados, relató que la falta de apoyos y de una mesa de diálogo resolutiva ha obligado a los trabajadores a abandonar sus redes para emplearse en oficios como la albañilería.

“No han hecho caso. Tiene más de 15 días que venimos aquí y no nos han atendido. Teníamos que hablar con ellos, pero no están; dicen ‘espérate, luego resolvemos’ y no han hecho nada. Los chamacos hoy en día tienen que seguir en la escuela y tenemos que ver cómo le hacemos, buscando recursos por otro lado”, afirmó.

Acusan engaños en el proceso de apoyos

Por su parte, Flor Edith Acevedo Ruiz denunció que el proceso de registro para recibir apoyos estatales ha estado plagado de irregularidades y exclusiones. Aseguró que, a diferencia de otras regiones donde los beneficios ya aterrizaron, en Tonalá el sector de pescadores libres ha sido ignorado deliberadamente.

“Vinimos hace 15 días y nos traen con que mañana, mañana, mañana, y no vemos solución. Nomás dicen que van a buscar la forma, pero no llega nada. Lamentablemente nos engañaron, pero aquí volvimos a dar la cara”, sentenció la entrevistada.

Sin canales de comunicación con la autoridad

La problemática afecta a más de 150 familias que dependen directamente de la actividad pesquera en la región. Los inconformes subrayaron que no existe actualmente un diálogo abierto con las dependencias encargadas de la política interna ni del sector agropecuario, lo que ha cerrado todas las vías para una solución pacífica al conflicto.

Hasta el momento, los manifestantes permanecen en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, advirtiendo que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta y por escrito que garantice el rescate económico de sus comunidades, ante lo que califican como un «colapso total» de su principal actividad económica.