Xalapa, Ver.— A casi seis años de haber sido reclutados como personal de primera línea durante la crisis por COVID-19, promotores de salud de la Jurisdicción Sanitaria V denuncian la simulación administrativa que los mantiene en un limbo laboral permanente.

Bajo el esquema de contrato «U13», este personal ha quedado atrapado en un sistema que exigió su esfuerzo máximo durante la emergencia, pero que hoy les niega la estabilidad y los derechos mínimos que el Estado está obligado a garantizar.

La trampa del contrato «U13» 

A pesar de contar con hojas de presentación, códigos de contratación y adscripción oficial que datan de junio de 2020, estos trabajadores denuncian que su situación no ha variado ni un ápice. Lejos de ser una etapa de transición hacia la formalización, el contrato «U13» se ha convertido en una etiqueta de precariedad. Los afectados enfrentan una realidad inaceptable: realizan funciones vitales en centros de salud de la región de Xalapa sin homologación salarial, sin seguridad social y carentes de cualquier prestación básica de ley.

Responsabilidad sin respaldo 

Durante los meses más críticos de la pandemia, este contingente fue el brazo ejecutor de las políticas sanitarias: desde el rastreo comunitario de casos hasta la difusión de medidas preventivas y el enlace directo con la población vulnerable. Hoy, esas mismas instituciones que los utilizaron como escudo sanitario han optado por el silencio administrativo. La falta de regularización no es solo una omisión técnica, es una vulneración sistemática a sus derechos laborales que persiste en la actual administración.

Resistencia ante la represalia 

La magnitud de la inconformidad se refleja en un oficio colectivo que, por seguridad, evita liderazgos visibles ante el temor fundado de represalias laborales. Esta estrategia subraya una cultura institucional marcada por la intimidación: los trabajadores exigen justicia desde el anonimato porque el sistema de salud en Veracruz no ofrece mecanismos de protección para quienes alzan la voz.

Exigencia pendiente

 El pliego petitorio es contundente y exhibe la deuda pendiente del sector salud:

• Regularización inmediata: Transición de contratos temporales a plazas formales.
• Homologación salarial: Ajuste conforme a las responsabilidades reales, no a la precariedad del contrato emergente.
• Seguridad social: Acceso irrestricto a los servicios de salud para quienes fueron la cara del sector durante la pandemia.
• Reconocimiento de antigüedad: Integración de los años laborados desde 2020 al historial oficial.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Veracruz mantienen una postura omisa frente a este rezago, dejando en la indefensión a quienes sostuvieron el sistema cuando la emergencia así lo exigió.