Familias acusan doble venta de predios; enfrentan un proceso legal por “despojo” pese a tener contratos y constancias de posesión.

Ángel Hernández

En la comunidad de La Concepción, municipio de Jilotepec, un grupo de familias enfrenta un proceso legal que podría dejarlas sin el único patrimonio que han construido con esfuerzo desde hace más de una década. Acusan haber sido víctimas de una doble venta de terrenos y ahora, paradójicamente, se les imputa el delito de despojo.

Óscar Cuevas Cortés relató que en 2010 él y varios vecinos adquirieron lotes de un predio propiedad de Rafael Caraza Pimentel. “Compramos esos terrenos, algunos intentaron escriturar, pero el ayuntamiento no dio los permisos correspondientes, por lo que las escrituras quedaron anuladas. En 2016, de manera irregular, los mismos lotes fueron vendidos de nuevo por Marcos Edel Ortiz Lavariega, colaborador del señor Rafael, a pesar de que él sabía que ya tenían dueños. Nosotros tenemos contratos de compraventa, pagarés y constancias de posesión que lo acreditan”, explicó.

Hoy, cinco de estas familias están demandadas y enfrentan un proceso judicial en el que podrían perder no solo sus tierras, sino también su libertad. “El juez anterior dijo que nuestra documentación no era válida y que debíamos restituir los inmuebles. Eso sería injusto porque desde 2010 hemos trabajado y vivido en estos terrenos. Solo pedimos que el Poder Judicial investigue a fondo cómo se dieron esos traslados de dominio”, insistió Cuevas.

En el mismo sentido, Ramón Rivera Caicero denunció la complicidad de quienes revendieron los predios. “Ortiz Lavariega estuvo con nosotros en la notaría cuando intentábamos escriturar, él sabía que los lotes estaban vendidos y aun así volvió a comercializarlos. Tenemos posesión certificada por el ayuntamiento y agentes municipales, pero el juez que llevó el caso no quiso revisar esa parte. Lo que pedimos es justicia, porque con sacrificios conseguimos un pedacito de tierra y no es justo que nos quieran despojar”, expresó con indignación.

El testimonio de Sofía García Trujillo refleja la dimensión humana del conflicto. Ella trabajó siete años para pagar su terreno, con descuentos semanales de su salario. “El señor Pimentel me aseguraba que no había problema, que podía tomar posesión, y así lo hice. Incluso advertí a quienes vinieron después que no compraran porque ya estaba vendido. Sin embargo, ignoraron eso y ahora dicen que es de ellas. Yo no tengo marido ni apoyo, con esfuerzo de mi trabajo reuní el dinero. Es doloroso que quieran quitarnos lo que tanto nos costó”, contó.

Las familias afectadas exigen que las autoridades judiciales, encabezadas por la presidenta del Poder Judicial, Rosalba Hernández, revisen a detalle el expediente y se investigue la doble venta de los predios. Lo que piden, dicen, no es un favor: es justicia para no perder el patrimonio que con años de esfuerzo han levantado en La Concepción, Jilotepec.