La iniciativa enviada al Congreso plantea que quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal, un estado o la Ciudad de México deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana.
Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de reforma constitucional que obligaría a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión y busca, de acuerdo con la mandataria federal, garantizar que quienes ocupen estos cargos tengan como único interés superior el de México.
“Deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés”, señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La presidenta sostuvo que actualmente la Constitución no establece con suficiente claridad qué ocurre cuando una persona mexicana por nacimiento que aspira a uno de estos cargos también posee otra nacionalidad.
La reforma contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Renuncia tendría que hacerse antes del registro
Para el caso de la Presidencia de la República, la propuesta establece que la persona deberá ser mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos y no tener ni adquirir otra nacionalidad.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
La misma disposición se plantea para quienes busquen convertirse en gobernadores, gobernadoras o titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
“Que el interés superior sea México, ningún otro país”, afirmó Sheinbaum al defender la reforma.
Una vez aprobados los cambios constitucionales, el Gobierno federal prevé impulsar también modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona deberá acreditar la renuncia a su otra nacionalidad ante las autoridades correspondientes.
