Por Ángel Hernández

Xalapa, Ver.— El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) ha presentado 181 denuncias penales por un presunto daño patrimonial superior a los 942 millones de pesos, derivado de irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2024, informó la auditora general Delia González Cobos durante su comparecencia ante diputadas y diputados locales del Congreso de Veracruz.

La titular del ORFIS detalló que, como parte de estos procesos, el organismo inició 1,773 investigaciones por presunto daño patrimonial, de las cuales 309 continúan en trámite, lo que representa un avance del 83 por ciento en la atención de los expedientes abiertos.

González Cobos precisó que el daño patrimonial total detectado en la fiscalización de la Cuenta Pública asciende a 2 mil 372 millones 867 mil pesos, correspondiente a 223 entes fiscalizables, mientras que 311 entes adicionalespresentaron inconsistencias administrativas y observaciones que derivaron en recomendaciones y procedimientos de responsabilidad.

En el informe presentado ante la Comisión Permanente de Vigilancia, la auditora general indicó que durante el ejercicio fiscal se practicaron 1,396 auditorías, cifra que representa un incremento del 15 por ciento en comparación con el año anterior, como parte del fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia del gasto público.

Asimismo, señaló que como resultado de las etapas de solventación e investigación, el ORFIS logró reintegros por más de 61 millones de pesos, además de recuperar recursos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

Durante su intervención, Delia González Cobos destacó la coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la depuración de expedientes y el avance en la judicialización de los casos, así como la implementación de herramientas como el Buzón Fiscalizador y sistemas electrónicos que fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas.

Afirmó que la fiscalización superior es un instrumento clave para cerrar espacios a la impunidad, vigilar el uso correcto de los recursos públicos y garantizar una gestión pública responsable en beneficio de la sociedad veracruzana.