Xalapa, Ver.– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cerrará el año con más de 7 mil 500 solicitudes recibidas, de las cuales mil corresponden a quejas y más de mil a acciones a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, informó su titular, Minerva Regina Pérez López.

En entrevista, señaló que se han emitido 75 recomendaciones, principalmente dirigidas a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y diversos ayuntamientos. Explicó que la mayoría de las quejas se refieren a falta de debida diligencia en carpetas de investigación, detenciones arbitrarias y restricciones indebidas a la libertad personal.

Sobre la Fiscalía, Pérez López detalló que persiste una resistencia notable a aceptar las recomendaciones, pues alrededor de 20 continúan sin ser aceptadas. No obstante, indicó que han logrado algunas reconsideraciones tras mesas de trabajo y diálogo institucional.

Precisó que la CEDH mantiene reuniones permanentes con las dependencias señaladas para explicar el alcance de las recomendaciones y sus medidas de reparación, aunque reconoció que “todavía persiste cierta resistencia” en algunos casos. En contraste, destacó que Seguridad Pública y la Secretaría de Educación han mostrado mayor disposición para aceptar las observaciones.

Respecto al trabajo con colectivos de búsqueda, la presidenta de la Comisión afirmó que existe acompañamiento permanente, tanto en tareas de búsqueda en campo como en gestiones ante autoridades.

Explicó que han atendido inquietudes sobre la restricción de colocar fichas o lonas en Pueblos Mágicos, recordando que la federación tiene lineamientos estrictos sobre publicidad en el primer cuadro de estas ciudades.

Aclaró que esta limitación no constituye una violación a derechos humanos, ya que sí se permite la difusión en otras áreas acordadas con los ayuntamientos, y hasta el momento no se ha recibido ninguna queja formal por esta situación.

Finalmente, reiteró que, en caso de persistir la negativa de aceptar recomendaciones, la CEDH podría valorar la vía de solicitar la intervención del Congreso, dependiendo del contexto particular de cada caso.